Sumar denuncia que el Gobierno Vasco ha enterrado el Pacto Educativo

Desde la coalición Sumar exigen medidas urgentes contra la segregación y las cuotas ilegales para fortalecer la Escuela Pública
En la Comisión de Educación del Parlamento Vasco celebrada hoy, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha denunciado que el consenso alcanzado en torno al Pacto Educativo ha sido completamente desvirtuado debido a las políticas impulsadas por el Gobierno Vasco. Hernández ha afirmado que el acuerdo “está muerto y enterrado” porque el Ejecutivo ha hecho su propia interpretación, dejando de lado los compromisos fundamentales, especialmente los relativos al refuerzo de la Escuela Pública.
“El Gobierno Vasco ha impulsado un modelo educativo que blinda el sistema dual y perpetúa una lógica de mercado donde los centros compiten por el alumnado en un contexto de baja natalidad. Lo que prometieron era fortalecer la Escuela Pública, pero lo que realmente hacen es rescatar económicamente a la escuela privada concertada a costa de lo público”, ha criticado Hernández.
El parlamentario ha subrayado que las medidas acordadas para garantizar la gratuidad de la enseñanza y controlar el cobro de cuotas ilegales en los centros concertados no se han puesto en marcha. “Desde 1987 son ilegales las cuotas de escolaridad en centros con concierto pleno, pero seguimos en la misma situación. El Gobierno lleva años diciendo que va a activar mecanismos de control, pero no lo hace. Es una permisividad absoluta para seguir favoreciendo a la enseñanza concertada y engañando a la ciudadanía”, ha asegurado.
Hernández ha recordado las promesas incumplidas del Departamento de Educación, citando las declaraciones del exlehendakari Iñigo Urkullu y del consejero Bildarratz, quienes aseguraron que se implementarían auditorías y medidas de control. “Han pasado dos años y medio desde que se comprometieron, pero no hay ni control, ni medidas, ni sanciones. Siguen trabajando sobre diagnósticos eternos mientras las familias continúan soportando cobros ilegales”, ha lamentado.
Otra de las críticas que Hernández ha puesto sobre la mesa es la segregación escolar, un problema que aparece hasta 14 veces en el acuerdo de marzo de 2022 y para el que no se han adoptado medidas que corrijan esa desigualdad. “La prueba del algodón es el índice de disimilitud, que mide la desigualdad en la distribución del alumnado. El curso pasado estaba en 0,41 y este año sigue exactamente igual. No hay avances. El Plan contra la Segregación debía acordarse el año pasado y no se ha hecho nada”, ha denunciado.
El parlamentario de Sumar ha aportado datos concretos que evidencian la falta de planificación en la red educativa: en 9 de las 45 localidades de más de 10.000 habitantes, la financiación pública permite a la escuela privada concertada absorber la totalidad de los nacimientos registrados, o incluso más. “Mientras tanto, solo en una de esas localidades la Escuela Pública tiene capacidad para hacer lo mismo. Esta sobreoferta para la privada y la infraoferta para la pública consolidan un modelo que perpetúa la segregación y debilita el papel vertebrador de la Escuela Pública”, ha explicado Hernández.
Hernández también ha criticado la doble vara de medir del Gobierno Vasco en la aplicación del pacto educativo. Como ejemplo, ha señalado que el Departamento de Educación ha aprobado con rapidez la creación del Instituto del Aprendizaje del Euskara y de las Lenguas, dotándolo de presupuesto y dirección antes incluso de la aprobación formal de los presupuestos. Sin embargo, el Consejo de la Escuela Pública Vasca, que debía ser un pilar estratégico del acuerdo, apenas ha comenzado su tramitación. “Para lo que les interesa, tienen prisa. Pero cuando se trata de fortalecer la Escuela Pública, la maquinaria del Gobierno funciona a una velocidad mucho más lenta”, ha reprochado.
Por último, Hernández ha concluido que el Ejecutivo está consolidando un modelo educativo privatizador en Euskadi, donde la Escuela Pública queda cada vez más subordinada y desprotegida. “Se ha establecido de facto un sistema de concertación universal y el Gobierno está blindando un sistema dual que segrega al alumnado por renta y origen. Las políticas educativas no sitúan a la Escuela Pública como eje vertebrador del sistema, y eso es inaceptable”, ha subrayado.