Euskadi

Ezker Anitza-IU presenta una propuesta fiscal “de país” y emplaza a las formaciones de izquierdas, sindicatos y agentes sociales a acordar una fiscalidad justa y progresiva para Euskadi

La propuesta hecha pública hoy plantea un abanico de modificaciones que se erigen en una verdadera reforma fiscal con un impacto recaudatorio mínimo de 1.311 millones de euros, que sumados a los 2.040 millones de euros en los que se estima el fraude fiscal supone que “hoy nuestras administraciones públicas dispondrían de 3.351 millones de euros más para hacer políticas públicas de mejora de derechos y profundización de estado de bienestar”.

Bilbao, 13 de enero de 2025. Ezker Anitza-IU ha presentado hoy una propuesta para que en Euskadi haya un modelo fiscal justo y progresivo con un impacto recaudatorio mínimo de 1.311 millones de euros, que sumados a los 2.040 millones de euros procedentes de un mayor control del fraude fiscal supondría una recaudación adicional de 3.351 millones de euros anuales para hacer políticas públicas de mejora de derechos y profundización en el estado de bienestar.

“Se trata de una propuesta de país por lo que vamos a trasladarla a todas las formaciones políticas de izquierdas, sindicatos y agentes sociales de Euskadi con el objetivo de acordar una política fiscal verdaderamente justa, enmendando el proyecto de las Diputaciones Forales”, ha señalado Arantza González, coordinadora de Ezker Anitza-IU en Gipuzkoa y concejala en el Ayuntamiento de Donostia. A Arantza González le han acompañado en la presentación de esta propuesta de reforma fiscal, José Damián García-Moreno, coordinador de Ezker Anitza-IU en Araba y procurador en las Juntas Generales de este territorio; y Julen Domínguez, secretario de Organización de Ezker Anitza-IU en Bizkaia y concejal en el Ayuntamiento de Ermua.

“Las modificaciones que han aprobado los gobiernos forales de PNV y PSE son tan solo retoques fiscales que no son ni progresivos, ni progresistas. Una vez más, se trata de un ejercicio político carente de capacidad para convertir la fiscalidad en la herramienta que necesitamos la sociedad”, ha incidido Arantza González.

En este sentido, Ezker Anitza-IU ha recordado que las modificaciones propuestas por PNV y PSE van a suponer 235 millones de euros menos de recaudación. ¿De dónde van a recortar en los presupuestos de 2026 para poder mantener y mejorar los servicios públicos?, se pregunta la formación de izquierdas. “No podemos caer en la trampa de que pagar menos impuestos es ahorrar porque ese ahorro solo es real para las rentas altas que tienen dinero suficiente para invertir en bolsa, fondos de inversión u otros activos financieros. La realidad es que menos recaudación es igual a recortes en los servicios públicos, esos que precisamente necesitamos la mayoría trabajadora que no tenemos capacidad económica para ir al mercado privado para cubrir esas necesidades”, ha subrayado Arantza González.

¿Qué proponemos?

Para Ezker Anitza-IU es tiempo de poner en el centro del debate la necesidad de un modelo fiscal radicalmente alternativo que “nos equipare con los estados con un mayor nivel de bienestar en Europa, y que contribuya, con una mayor recaudación y de una forma más justa, al sostenimiento y despliegue de nuestros servicios públicos”.

El documento que Ezker Anitza-IU trasladará a las formaciones políticas de izquierdas, sindicatos y agentes sociales plantea un amplio abanico de medidas, entre las que destacan:

Impuesto de Sociedades: Al 30% para converger con países como Alemania y con un tipo efectivo real. Actualmente las grandes sociedades tributan al 9% efectivo.  443 millones de euros.

IRPF más progresivo y justo: Proponemos eliminar el tratamiento diferenciado entre rentas del ahorro y rentas del trabajo que supone que una persona contribuyente con rentas de intereses y dividendos pueda llegar a tributar casi la mitad que una persona trabajadora con la misma renta. se introducirá un tramo adicional superior a 304.000 euros con un tipo marginal del 51%, aumentando también un punto porcentual a los tramos superior a 134.000 y 184.000 euros.

Impuesto de Patrimonio: Eliminación de lo que se ha venido llamando escudo fiscal, que establece un límite al efecto conjunto del IRPF y del Impuesto sobre Patrimonio. Proponemos que el mínimo exento se reduzca a 600.000 euros. Dado que la vivienda habitual sigue exenta hasta un valor de 400.000€, la mayoría de los hogares seguirán sin tributar por este impuesto. La escala se hace más progresiva con un tipo de gravamen máximo de 3,5% para los patrimonios netos superiores a 10 millones de euros, 3% para los superiores a 5,8 millones y 2,5% para los de 2,6 millones.

Fiscalidad ambiental: Quien contamina paga. Objetivo: favorecer una transición energética justa para la mayoría social. Impuesto a la industria fósil, impuesto al lujo y un nuevo modelo de embalajes: tasa por la utilización de plástico para las empresas contaminantes.

Transmisiones patrimoniales: Proponemos generalizar un recargo de tres puntos adicionales a la compra-venta de inmuebles que no sean primeras viviendas. El objetivo primordial de esta reforma persigue salvaguardar el derecho a la vivienda habitual, pero evitar la especulación con la compra y venta de inmuebles mediante gravámenes un poco más elevados.

Sucesiones y donaciones: Proponemos, para alcanzar la media europea, una medida que consiste en aumentar en seis puntos adicionales el tipo actual (1,5% para las herencias con un valor superior a 400.000 euros) hasta llegar a un 7,5% y una revisión de todas las escalas en los diferentes grupos de parentesco. Esta medida, dado el mínimo exento actualmente establecido, sólo afectaría a patrimonios relativamente elevados, salvaguardando a la mayor parte de la ciudadanía de este incremento impositivo.

Tasa del juego: un incremento del 10% adicional sobre la base liquidable de la tasa sobre el juego. Objetivo de desincentivar el mismo. Financiar políticas contra las adicciones sin sustancias.

Impuestos a la automatización industrial y a la Inteligencia Artificial: con un doble objetivo: Por un lado, compensar los mayores beneficios empresariales por la sustitución de los y las trabajadoras, y por otro obtener recursos que se puedan destinar bien a la formación y recolocación de esas personas, bien a la financiación.

Impuesto a la banca y las energéticas. Porque grava a uno de los sectores que más beneficios obtienen y en la CAV supone recaudar alrededor de 185 millones de euros al año.

Impuesto sobre estancias turísticas. Progresivo en función del tipo de alojamiento.  Potestativo para los ayuntamientos. 29 millones de euros.

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