Sumar reclama al Lehendakari que la respuesta a los aranceles de EE.UU. pase por proteger a la clase trabajadora vasca

Jon Hernández ha defendido en Lehendakaritza que no se recurra al endeudamiento público ni al aumento del gasto militar, y que se pongan en marcha medidas fiscales justas y un escudo social frente al impacto económico
14-04-2025. El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha participado esta mañana en la ronda de contactos convocada por el Lehendakari Imanol Pradales en Lehendakaritza, donde ha trasladado la posición de su grupo ante el escenario abierto por las políticas económicas de Estados Unidos y sus consecuencias en Europa.
Durante la reunión, Hernández ha defendido que la respuesta institucional a la imposición de nuevos aranceles por parte de EE.UU. no puede recaer sobre la clase trabajadora, ni pasar por un aumento indiscriminado del gasto público y militar. “La clase trabajadora vasca no puede ser quien pague la cuenta de esta crisis. Rechazamos que se aumente la deuda pública en dos mil millones de euros para luego exigir más sacrificios a través de una fiscalidad injusta”, ha señalado.
En su intervención, el parlamentario ha denunciado que los recursos que podrían movilizarse para aumentar el gasto en defensa acabarían favoreciendo a la industria militar, “en gran parte controlada por el complejo militar estadounidense”, y no en reforzar el bienestar social ni la economía productiva vasca. “Nos parece ingenuo pensar que un mayor gasto militar es una muestra de fortaleza europea. Lo que necesitamos es proteger a quienes sostienen nuestra economía: la clase trabajadora”, ha afirmado.
Durante el encuentro, Sumar ha planteado cinco prioridades que, a su juicio, deberían guiar la respuesta del Gobierno Vasco. En primer lugar, ha defendido que cualquier apoyo a sectores y empresas afectados por los aranceles debe estar condicionado al mantenimiento de los puestos de trabajo, evitando que se aproveche la coyuntura para aplicar recortes o despidos. En segundo lugar, ha subrayado la necesidad de extender la protección más allá de las industrias directamente impactadas, incluyendo a los empleos indirectos, proveedores de servicios y comarcas donde se sitúan las empresas.
En tercer lugar, Hernández ha propuesto la creación de un escudo social que proteja al conjunto de la ciudadanía frente al impacto que puedan tener los aranceles en productos básicos como los alimentos. En cuarto lugar, ha rechazado con claridad que Euskadi recorra el camino de la industria armamentística como alternativa de desarrollo económico, recordando que la clase trabajadora vasca “no quiere fabricar armas”. Y, por último, ha reclamado una reforma fiscal que garantice que quienes más tienen aporten más, y que se abandone el modelo actual que descarga el peso de la financiación pública sobre la mayoría social.
“El objetivo debe ser proteger nuestro tejido productivo, no financiar una deriva militarista que no compartimos”, ha concluido Hernández tras la reunión, en la comparecencia posterior ante los medios celebrada en la sala de prensa de Lehendakaritza.