Sumar pregunta al Gobierno vasco cómo va a implementar la obligación de destinar una reserva mínima de VOP en alquiler en las futuras actuaciones urbanísticas
A la vista de la demanda que hay en Euskadi de pisos en régimen de alquiler y del elevado precio de la vivienda, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha registrado una pregunta dirigida al Gobierno vasco para que responda por escrito cómo tiene previsto implementar la obligación vigente de destinar una reserva mínima de viviendas de VPO en alquiler en las actuaciones urbanísticas de futuro desarrollo.
Tras la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda en el Estado, el Tribunal Constitucional ha avalado que el Estado pueda exigir que una parte de la reserva de vivienda protegida en las actuaciones urbanísticas se destine a alquiler. Sin embargo, Hernández ha explicado que “la ley deja en manos de cada legislador urbanístico la decisión de decidir cómo va a trasladar esta obligación a los planes urbanísticos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao no establece reservas mínimas de alquiler dentro de las viviendas protegidas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana 2022, y por el contrario otros municipios vascos si parece que han previsto esta reserva”.
El parlamentario de Sumar ha señalado que “hay más de 60.000 personas en Euskadi que solicitan un piso de alquiler social, por ello es importante saber cómo el Ejecutivo vasco va a garantizar, si es qué tiene intención de hacerlo, esta reserva mínima de VPO destinada a alquiler en las actuaciones futuras”.
Hernández ha recordado que esta obligación es una de las cuestiones por las que el Gobierno vasco “recurrió incompresiblemente la Ley Estatal de Vivienda con la excusa de la invasión competencial ya que la dificultad de acceso a la vivienda es ya insoportable en Euskadi y el Gobierno vasco no parece dispuesto a solucionar el problema».
Finalmente, el parlamentario ha señalado que «en Euskadi no se está apostando por la vivienda pública de alquiler y se está primando la construcción de vivienda libre porque se protege el negocio con la vivienda y la construcción sin atender a la necesidad social existente en vivienda».
