Jon Hernández exige al Gobierno Vasco romper sus vínculos con empresas implicadas en la ocupación del pueblo palestino y critica la falta de contundencia con CAF
El parlamentario de la coalición Sumar ha defendido en el Parlamento Vasco la proposición no de ley presentada por su grupo para que el Gobierno Vasco rompa toda relación contractual o de colaboración con empresas que participen o se beneficien, directa o indirectamente, de la ocupación y represión del pueblo palestino. Hernández ha subrayado que “es hora de que Euskadi deje de mirar hacia otro lado y rompa cualquier vínculo económico o institucional con quienes se benefician del sufrimiento del pueblo palestino”.
Durante su intervención, Hernández ha señalado que “el Gobierno Vasco tiene problemas a la hora de señalar claramente la complicidad o la connivencia cuando se trata de empresas o del capital”, y ha recordado que la propuesta de Sumar “responde a la necesidad de poner coherencia entre los compromisos institucionales de Euskadi y su práctica real en materia de derechos humanos”.
La iniciativa plantea que el Ejecutivo vasco oriente la contratación pública hacia empresas que acrediten el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional, y que no establezca nuevos acuerdos con compañías israelíes implicadas en la producción o suministro de armamento o tecnología militar utilizada en la ocupación de Palestina. “El dinero público no puede acabar en manos de quienes se benefician del sufrimiento del pueblo palestino”, ha subrayado.
El parlamentario ha señalado que “hay empresas que hacen dinero a costa del genocidio”, recordando que la relatora de la ONU Francesca Albanese “estima que las muertes en Gaza podrían elevarse hasta las 680.000 personas, y que el genocidio no se ha detenido porque es lucrativo para algunos intereses empresariales y corporativos”.
Por ello, Hernández ha pedido que “no haya líneas rojas a la hora de criticar, presionar o actuar contra las empresas y agentes del capital que están participando, por intereses económicos, en la estrategia genocida del Estado de Israel”.
En este sentido, ha hecho referencia expresa a la empresa CAF, “una compañía vasca que participa de manera directa en lo que Israel está haciendo en Palestina, en este caso en Cisjordania. “No se puede defender lo que CAF está haciendo con su participación en el proyecto del tren de Jerusalén, y sin embargo el Gobierno Vasco lo está defendiendo”, ha denunciado.
Hernández ha exigido al Ejecutivo “mucha más contundencia” y ha reclamado que “rompa todo tipo de relaciones con empresas implicadas en este genocidio, aplicando criterios de ética pública y de coherencia institucional”.
“El dinero público no puede alimentar la represión de un pueblo ni financiar empresas que vulneran el derecho internacional”, ha añadido.
El parlamentario de Sumar ha concluido que esta iniciativa “pretende situar a Euskadi en coherencia con sus compromisos institucionales y con los estándares europeos en materia de derechos humanos”, subrayando que “el Gobierno Vasco debe decidir si quiere ser cómplice o referente en la defensa de la paz y la justicia internacional”.
