Sumar lleva al Parlamento vasco la cuestión sobre las medidas de precarización de las condiciones de trabajo anunciadas por la empresa adjudicataria del servicio de ambulancias no urgente de Osakidetza
- La coalición ha registrado varias preguntas en la cámara autonómica y urge al Gobierno vasco a aclarar “los criterios para adjudicar el servicio a una empresa privada que incumple las obligaciones laborales con sus trabajadores y trabajadoras y que, además, ha sido sancionada por Inspección de Trabajo por cometer infracciones muy graves”.
Sumar lleva al Parlamento vasco varias preguntas sobre las medidas de precarización laboral anunciadas por la principal adjudicataria privada del servicio de ambulancias programado o no urgente del Osakidetza.
El parlamentario de la coalición, Jon Hernández, ha planteado preguntas relativas a los criterios que ha seguido el Gobierno vasco para adjudicar el servicio de ambulancias a una empresa privada incapaz de cumplir las obligaciones laborales contraídas con las trabajadoras y los trabajadores. “Estamos ante un nuevo capítulo de la nefasta gestión que hace el Gobierno vasco de la externalización de las ambulancias en Euskadi”, ha manifestado. El parlamentario de Sumar ha recordado que el Gobierno vasco tuvo que paralizar una adjudicación de más de 135 millones de euros a esta empresa privada ante las denuncias sindicales graves en materia de obligaciones laborales, ahora la misma empresa anuncia de manera unilateral una bajada de sueldos y el descuelgue del convenio.
Por esta razón, Hernández pregunta “con qué criterios el Gobierno vasco adjudica a una empresa privada que ha sido sancionada por la Inspección de Trabajo por cometer infracciones muy graves un servicio público esencial como es el de las ambulancias. También insta al Gobierno vasco a que aclare cuanto antes si va a adoptar alguna medida ante las intenciones de las intenciones anunciadas por la empresa de recortar y precarizar las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras”.
Por último, Jon Hernández ha pedido al Ejecutivo vasco que “reconsidere su postura contraria a la publificación de un servicio que “a nuestro entender tendría que gestionar de forma directa la Administración pública”.
Cuotas centros educativos concertados
El Informe de Esade EcPol ‘El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas’, indica con datos oficiales dos cuestiones “especialmente graves que afectan a la educación vasca”.
“La primera es que cerca del 90% de los centros privados concertados cobra cuotas ilegales a las familias, y la segunda, y no menos grave, que la razón principal para estos cobros es la cobertura de gastos no concertados, esto es, más allá de los previstos en la financiación de la Administración, produciendo una sobrefinanciación, introduciendo una competencia indeseable y facilitando la selección del alumnado por motivos económicos”, ha advertido Jon Hernández.
Por ello, el parlamentario de la coalición Sumar ha dirigido varias preguntas para conocer en cuántos centros educativos concertados de Euskadi ha constatado el Gobierno vasco que se cobran las cuotas ilegales y si se va a iniciar algún procedimiento sancionador a estos centros.
