La coalición Sumar logra garantizar el derecho al aborto en la agenda del Gobierno vasco, que anuncia su integración en Osakidetza a partir de 2026
La formación registra además en el Parlamento Vasco una PNL para consolidar este compromiso con la publificación total del servicio.
La coalición Sumar considera que el anuncio realizado hoy por el Gobierno Vasco, según el cual la sanidad pública vasca asumirá todos los abortos de manera progresiva a partir de 2026, responde a la presión política y social ejercida por su grupo parlamentario. La formación subraya que este compromiso “no es una iniciativa espontánea del Ejecutivo, sino el resultado de una línea de trabajo constante de Sumar, que desde 2024 ha convertido el derecho al aborto en una cuestión central del debate parlamentario en Euskadi”.
El anuncio se ha producido tras el debate mantenido hoy entre el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, y el Gobierno Vasco en el pleno de control del Parlamento. En su intervención, el parlamentario de Sumar denunció que el Ejecutivo mantiene privatizado el derecho al aborto, ya que “la gran mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se siguen derivando a clínicas privadas”. Además, reclamó que Osakidetza asuma directamente esta prestación dentro de la sanidad pública, con recursos humanos y materiales propios, “como obliga la ley y como demandan las propias mujeres”.
Tras el debate, la formación ha registrado hoy una nueva proposición no de ley para exigir que todas las interrupciones voluntarias del embarazo se realicen en la sanidad pública, siguiendo la línea de trabajo desarrollado durante el último año y con el objetivo de consolidar este compromiso y avanzar hacia la publificación total del servicio.
Es por eso que Sumar recuerda que ya presentó una PNL el 23 de julio de 2024, debatida el 31 de octubre de ese mismo año, en la que instaba al Gobierno Vasco a garantizar el acceso efectivo al aborto en los servicios públicos de salud, revertir las externalizaciones y reforzar la información y el acompañamiento sanitario. Aquella iniciativa fue rechazada por los partidos del Gobierno, pese a que ya entonces alertaba de que más del 95% de los abortos se realizaban fuera de la red pública.
Además, la formación ha mantenido una presión constante sobre este asunto a lo largo de 2024, mediante preguntas, solicitudes de información y reuniones con matronas y profesionales sanitarios. Entre ellas, destaca la solicitud registrada el 9 de julio de 2024, en la que se pedían datos concretos sobre el número de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la red pública y concertada. “Las mujeres deben poder abortar en un centro público y con garantías”, ha subrayado Hernández. “El Gobierno Vasco no puede seguir mirando a Madrid mientras mantiene externalizados derechos fundamentales en Euskadi. Es hora de que la sanidad pública vasca asuma de forma plena este derecho”.
Durante el debate celebrado hoy en el Parlamento Vasco, Hernández ha recordado esta trayectoria de trabajo y ha reprochado al Gobierno Vasco que desviara la responsabilidad hacia el Ministerio de Sanidad en lugar de asumir sus competencias. “El derecho al aborto debe garantizarse plenamente en la sanidad pública vasca. Es positivo que empiecen a moverse, pero llega tras años de inacción y gracias a la presión que hemos ejercido”, ha afirmado.
Finalmente, Sumar ha asegurado que vigilará el cumplimiento efectivo del anuncio del Ejecutivo, insistiendo en que el objetivo debe ser la publificación total del servicio, de modo que “el aborto deje de ser un derecho externalizado y se garantice plenamente desde la sanidad pública”.
