La coalición Sumar propone crear una Empresa Pública Vasca de Energía y un Fondo de Democratización de la Propiedad para avanzar hacia un nuevo modelo económico más justo y más verde
La coalición registra 55 resoluciones para impulsar una transformación estructural con soberanía industrial, transición energética y control democrático de la economía.
4-06-2025. La colaición Sumar ha defendido hoy en el Parlamento Vasco un cambio profundo de rumbo para la política económica vasca, en el marco del pleno monográfico sobre el modelo social y económico. La coalición ha registrado 55 resoluciones que se votarán esta misma tarde, tras el receso, con el objetivo de “garantizar condiciones materiales para una vida digna en el presente, sin hipotecar el bienestar de las generaciones futuras”.
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha afirmado durante su intervención que “nuestro país no puede limitarse a gestionar las inercias del pasado, ni adaptarse a las condiciones que imponga el mercado”. “Lo que verdaderamente está en juego —ha señalado— es cómo, para quién y bajo qué reglas se produce esa riqueza. Y, sobre todo, si está al servicio de una vida digna para la mayoría o de la rentabilidad de unos pocos”.
Entre las propuestas recogidas en las resoluciones, destaca “la creación de una Empresa Pública Vasca de Energía con capacidad inversora, función redistributiva y control democrático” y “la puesta en marcha de un Fondo Vasco de Democratización de la Propiedad Productiva, que permita socializar progresivamente el control de empresas estratégicas mediante fórmulas colectivas”. Hernández ha añadido también “herramientas financieras como la banca pública”.
Además, Sumar ha planteado que “al menos el 60% del endeudamiento adicional previsto por el Gobierno Vasco se destine a una reindustrialización verde, circular y territorializada, blindando el retorno público y ecológico de cada euro invertido”.
Dentro del paquete de resoluciones registradas, Sumar propone también “la creación de un Fondo Vasco de Transformación Productiva Verde y Justa, dotado con al menos 200 millones de euros anuales” dirigido a “acompañar procesos de reconversión ecológica, digitalización sostenible y economía circular en empresas industriales, priorizando pymes y cooperativas”, así como a “financiar proyectos estratégicos en zonas vulnerables o en reconversión industrial”.
En el ámbito laboral, las resoluciones incluyen el desarrollo de “planes piloto de reducción de jornada a 32 horas semanales sin merma salarial, especialmente en sectores industriales estratégicos, con apoyo técnico, seguimiento evaluativo y participación de las empresas”.
Durante su intervención, Jon Hernández ha denunciado que “mientras el coste de la vida sube para las familias, Iberdrola obtuvo en 2023 más de 4.800 millones de euros en beneficios (un 10,7% más que 2022) y en 2024 tenía previsto aumentar los beneficios hasta los 5.500 millones. Y Kutxabank, por su parte, obtuvo unos beneficios de 510 millones de euros en 2023 (un 54% más que en 2022), por poner sólo dos ejemplos cercanos”.
También ha alertado del proceso de desindustrialización que vive Euskadi desde hace años, y ha lamentado que “se consuman los cierres de empresas de cierto carácter emblemático como SDA o Guardian entre otras, o los descensos de la producción en Michelín o Mercedes, acarreando la pérdida de cientos de puestos de trabajo que se suman a los ya perdidos en años anteriores”.
“Se debe decidir, desde lo público, qué producir, cómo hacerlo y al servicio de quién”, ha rematado, subrayando que “la política no puede seguir actuando como si el problema fuera solo de adaptación, cuando en realidad el problema es de modelo”.
