Amaia Arenal y Amaia Martin, concejalas de Ezker Anitza-IU en Bilbao y Donostia respectivamente, han criticado duramente los argumentos de la CNMC para recurrir la normativa de los ayuntamientos de Bilbao y Donostia sobre la regulación de los pisos turísticos, ya que ésta ha ignorado por completo que la Constitución Española considera la vivienda como un derecho fundamental, “precisamente, ese derecho se ve seriamente dañado por los pisos para alquiler turístico”.
En relación con los problemas derivados del aumento de los pisos para uso turístico, Amaia Martin, concejala de la formación en Donostia, ha puesto de manifiesto que una de las consecuencias de ese tipo de alojamiento es el aumento de los problemas para encontrar una vivienda para vivir de manera permanente, prueba de ello es el aumento de más de un 17% del precio de los alquileres, además, hay zonas en ciudad en las que encontrar un piso de alquiler se ha convertido en “misión imposible” para muchísimas personas.
Martin ha recordado que, durante el trámite de aprobación de la ordenanza aprobada en Donostia, su grupo municipal trató precisamente de priorizar el fin social de la vivienda, y que ésta sea para vivir como se deriva de su nombre, y no para convertirla en un objeto de especulación inmobiliaria o turística, aunque, “lamentablemente, nuestras enmiendas no contaron con el visto bueno del gobierno municipal de PNV y PSE”.
La concejala de Ezker Anitza-IU en Udalberri, Amaia Arenal, ha preguntado a la CNMC a qué ciudadanos se refiere cuando dice que las normativas que va a impugnar “no protegen adecuadamente a los ciudadanos”, si a las personas que viven en esas ciudades, o a las empresas que está haciendo negocio con un bien fundamental para la vida como es la vivienda.
Asimismo, las dos concejalas han pedido a los alcaldes de Bilbao y Donostia, que en la defensa de la competencia de ordenación de ambos municipios, “hagan valer el derecho de toda la ciudadanía a una vivienda”, situándolo por encima de cuestiones relacionadas con los mercados y la competencia que “solo buscan proteger los beneficios de unos pocos a costa de bienes fundamentales imprescindibles para la vida, en este caso: la vivienda”.