Ezker Anitza IU Ezker Anitza IU
En el Pleno ordinario de este jueves la cámara ha dado el visto bueno a una iniciativa que apela a las instituciones vascas. A propuesta de Elkarrekin Podemos y como resultado del acuerdo con el resto de grupos, salvo el PP, el Parlamento ha instado al gobierno y diputaciones a garantizar la defensa de las personas afectadas por las cláusulas suelo.
En concreto, el Grupo parlamentario ha reclamado al ejecutivo de Vitoria-Gasteiz que “amplíe” el servicio de Kontsumobide para ponerlo “a disposición absoluta” de las afectadas. Durante su discurso de defensa de la Proposición no de Ley, el parlamentario Iñigo Martínez ha señalado asimismo, que el Gobierno vasco “puede y debe” intervenir mediante expedientes sancionadores contra las entidades bancarias cuando la situación así lo requiera. Según ha añadido, “a pesar del Decreto que el gobierno de España se vio obligado a aprobar -tras la sentencia europea- para ordenar el proceso de reclamación y devolución, nos estamos encontrando con denuncias de personas afectadas a quienes se les han ofrecido productos financieros de dudosa transparencia para eludir el reembolso”. La norma “facilita” esa práctica, ha señalado el representante de la coalición y miembro de Ezker Anitza, quien además ha recordado que “el rescate del sistema bancario costó 61.000 millones y según la propia Asociación Española de Banca, la devolución de las cláusulas suelo puede suponer alrededor de 3.000; una cantidad insignificante para los bancos pero muy importante para cualquier persona o familia trabajadora”.
La iniciativa que este jueves ha aprobado la cámara apela igualmente a las diputaciones forales para que asesoren a la ciudadanía sobre el tratamiento fiscal en el caso de quienes han conseguido el reembolso. En relación con esas devoluciones efectivas, el representante de Elkarrekin Podemos ha saludado la decisión de los entes forales, con el impulso de las Juntas Generales, de “impedir que sume al IRPF” la cantidad percibida.
El Parlamento, además, ha instado a las Cortes Generales a modificar la Ley Hipotecaria “a la mayor brevedad posible”, con el fin de establecer mecanismos que permitan “mejorar los controles y la transparencia” en la contratación de las hipotecas para evitar que en el futuro se produzcan “situaciones de abuso” similares.
Iñigo Martínez ha aprovechado su intervención para insistir en que esa modificación de ley debe contemplar la prohibición de los desahucios en primera vivienda.