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El Área de juventud de Ezker Anitza-IU señala que las conclusiones del estudio que el Gobierno Vasco ha llevado a cabo sobre la emancipación de los jóvenes, en el que analiza el coste que supone para una persona joven con empleo acceder a una vivienda, demuestran la carencia de soluciones que ofrecen las políticas puestas en marcha hasta ahora por Lakua.
A pesar del descenso del precio de los pisos, así como de los tipos de interés a consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria generada por la especulación, una persona joven con empleo necesita 6 de cada 10 euros de su salario para poder pagar su vivienda, 62'8% en caso de una hipoteca y 59% en el de un alquiler.
Viendo estos datos, es innegable que las personas jóvenes tenemos una dificultad añadida para emanciparnos, lo que llegamos a conseguir a partir de los 30 años de media. En la práctica, supone la negación de un derecho básico como es el acceso a una vivienda digna.
A pesar de que el salario medio de los jóvenes vascos con empleo sea mayor que la media estatal, la cantidad que tienen que desembolsar para pagar un alquiler o una hipoteca es el doble de lo que recomiendan las entidades financieras en España. Las mismas entidades cuya participación especulativa en el mercado de la vivienda hace que el precio medio de la misma en la CAV no baje de los 200.000 €.
Cabe destacar que los jóvenes con empleo suponen menos del 40% del total de jóvenes de la CAV, por lo que no resulta extraño que el 47'3% de los demandantes de vivienda protegida de Etxebide sean menores de 30 años.
El Gobierno Vasco es quien debe legislar para cambiar esta situación y no limitarse a aconsejar a los jóvenes a optar por el alquiler y hacerlo de manera compartida con otras personas, como ha hecho Jon Redondo, director de Juventud y Deportes del ejecutivo autonómico en la presentación de las conclusiones del estudio.
Ante esta situación, desde el Área de juventud de Ezker Anitza-IU reivindicamos la necesidad de realizar una política de vivienda sensible con esta realidad, garantizando alquileres sociales para las personas jóvenes que no representen jamás un gasto superior al 30% del salario. Al mismo tiempo, es indispensable, a nuestro entender, avanzar en la eliminación del parque de viviendas vacías en Euskadi sacándolas al mercado protegido, y hacer que paulatinamente el derecho a la vivienda sea un derecho en manos de los poderes públicos y no de las constructoras y los mercados.