La formación de izquierda asegura que “es la hora de pasar de las declaraciones a los hechos” e insiste en que, dada la mayoría parlamentaria que se ha conformado en esta nueva legislatura y que ya se ha admitido a trámite la derogación de la LOMCE, “los partidos del cambio tienen que articular medidas legislativas necesarias para que la nefasta Ley Wert se deje de aplicar ya este curso a través de la suspensión del calendario de su implantación, las reválidas y las medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”.

La formación de izquierda considera insuficiente la reacción del ejecutivo de Urkullu tras la sanción de 18 millones de euros impuesta por la Autoridad Vasca de la Competencia a las empresas dedicadas al servicio de comedor de los colegios públicos vascos, al entender que han acordado precios con el fin de repartirse el mercado y que se traduce en el beneficio ilícito para estas empresas y un sobrecoste para la Administración. Ezker Anitza-IU pide al Gobierno Vasco “que interponga un recurso por daños y perjuicios” y “que apueste por la recuperación de la gestión directa del servicio”.

La Asamblea de Irun de Ezker Anitza-Izquierda Unida muestra su más enérgica repulsa ante la noticia aparecida el viernes 5 de febrero en prensa, relativa a la detención en Irun de un hombre por abuso sexual a una menor.      

Ezker Anitza-IU se suma a la concentración convocada por CC.OO. y UGT este martes en Bilbao en apoyo a los huelguistas imputados por su actuación en la fábrica aeronáutica durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del PSOE y para quienes la Fiscalía pide una pena total de 64 años de cárcel. La formación de izquierda exige la derogación del artículo 315.3 del Código Penal al considerarlo “una clara amenaza al derecho de huelga y un ataque a los principios democráticos”.

La formación de izquierda se suma a la protesta que realizará el comité de empresa de Arcelor Mittal y las contratas el próximo lunes, frente a la sede del Gobierno vasco, para exigir que no se cierre la planta de Sestao.

Ezker Anitza-IU, en coordinación con Izquierda Unida Federal, comienza la primera fase preparatoria de su XI Asamblea Federal con el objetivo de “reflexionar, avanzar y adaptar la organización al contexto político”. El proceso se inicia con una amplia consulta a las bases para adaptarse a una nueva fase política, social y económica.

La coalición, formada por Ezker Anitza-IU y Equo Berdeak, afirma que la legislación obliga a presentar una evaluación ambiental que no aparece en el expediente de aprobación del Estudio de Detalle.

El eurodiputado de Izquierda Unida Javier Couso ha reclamado este miércoles al Parlamento Europeo que “rebaje la tensión” con Venezuela y deje de “apoyar a los que buscan un cambio desestabilizador y violento”. Durante el enésimo debate sobre la situación en el país latinoamericano que se celebra en un pleno en Estrasburgo, el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara ha recordado que “a pesar de que se han celebrado 20 procesos electorales en 17 años, se instaló una campaña permanente de deslegitimación del sistema electoral”, hasta que la oposición ganó las legislativas del 6 de diciembre.

La Coordinadora general de Ezker Anitza-IU, considera que los últimos datos de Lanbide, correspondientes al mes de enero de 2016, son “una muestra clara de que no estamos en la senda de la recuperación económica, como quieren hacernos creer y que los empleos creados en los últimos meses son de mala calidad y dejan al descubierto la insolvencia de la recuperación del empleo”.

La coalición destaca que en el primer día en el que se abrió el plazo se registraron en Barakaldo 1700 solicitudes de ayudas sociales. Irabazi denuncia que “el PNV y PSE vienen aprobando decretos de minoración que recortan las ayudas en un 50% a sus perceptores” e insiste en la necesidad de crear un Plan Integral contra la exclusión que aborde todas las problemáticas sociales del municipio. El grupo municipal recuerda que “la Ley de Servicios Sociales y la incorporación de la cartera de prestaciones, establece los Servicios Sociales como un derecho al que, si no se accede, las y los ciudadanos podrían reclamar por vía judicial”.