El Gobierno Vasco evita aclarar el coste del despliegue policial en Euskadi ante la cumbre del G7 del pasado verano.

En una respuesta enviada al diputado de Elkarrekin Podemos Iñigo Martínez, el Ejecutivo vasco asegura que aún no tiene datos sobre el impacto económico del dispositivo. En Madrid, una pregunta formulada por el diputado Enrique Santiago un mes antes de la disolución de las Cámaras quedó sin ser atendida.

Silencio administrativo. Ni Vitoria ni Madrid aclaran de momento cuánto ha costado a las arcas públicas el dispositivo de seguridad montado en agosto pasado a raíz de la cumbre del G-7 que se celebró en la localidad vascofrancesa de Biarritz, a pocos kilómetros de la frontera. El Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera respondió a la pregunta realizada por el diputado Enrique Santiago (Unidas Podemos) sobre este tema, mientras que el Gobierno Vasco dijo no tener aún –más de mes y medio después del evento– dicha información.

La respuesta del Ejecutivo de Iñigo Urkullu llegó a raíz de la pregunta formulada por el parlamentario de Elkarrekin Podemos Iñigo Martínez, quien además es el responsable adjunto del área Internacional de Izquierda Unida (IU). El documento remitido por la Consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, indica que la Ertzaintza desplegó a 1.527 agentes que en total emplearon un total de 14.797 horas y 13 minutos para participar en dicho operativo.

El Ejecutivo autonómico señala además que “durante el periodo de tiempo que duró la cumbre, se hallaban de servicio más de 4.000 agentes, los cuales se encontraban operativos y susceptibles de ser empleados siempre que las circunstancias lo hubiesen requerido”.

Martínez también quería saber a cuánto ascendía el coste de este despliegue policial. Sobre ese punto, Beltrán de Heredia indica que “en este momento no se dispone de información sobre el coste de este despliegue debido a la diferente casuística de los agentes implicados en el mismo: déficit horario, compensación horaria, turno de trabajo, compensación económica, sin compensación por su dedicación absoluta, etc”. “Vamos a pedir que cuando tengan ese dato, nos lo suministren”, adelantó a Público el parlamentario de Elkarrekin Podemos.

Martínez había consultado además “qué unidades de Ejércitos y/o Fuerzas de Seguridad extranjeras estuvieron en Euskadi con motivo de la cumbre del G7” y “qué protocolo de coordinación se utilizó para controlar la presencia de dichas fuerzas”. En torno a ese asunto, el Gobierno Vasco indica que “únicamente se tuvo conocimiento de la llegada y partida del aeropuerto de Hondarribia (Gipuzkoa) de un avión de carga que transportaba un helicóptero del ejército de Estados Unidos”. Se trataba del “Marine One”, uno de los helicópteros que utiliza el presidente de EEUU, Donald Trump.

Sin respuesta

Mientras tanto, la pregunta formulada por Unidas Podemos en el Congreso también iba dirigida a conocer los costes del despliegue policial ordenado por Interior y en el que participaron –según confirmó entonces el ministro Fernando Grande-Marlaska– 1.878 guardias civiles y 932 policías nacionales. Su misión, explicó en agosto el responsable de Interior, era blindar la frontera con Francia. De hecho, el plan policial se desarrolló de forma coordinada con las autoridades galas.

El diputado Enrique Santiago –quien además ostenta la secretaría general del Partido Comunista de España– presentó su pregunta por escrito el 22 de agosto, dos días antes que comenzara oficialmente la cumbre del G7. Entre otras cosas, pidió información sobre el coste del despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como “qué unidades de Ejércitos o Fuerzas de Seguridad Extranjeras están o van a estar en territorio español en relación a la cumbre del G7” y qué autoridad española había autorizado su presencia.

Un mes después, cuando el Rey firmó la disolución de las Cortes, el Ejecutivo de Sánchez aún no había dado respuesta a este pedido de información, por lo que a día de hoy –según consta en la base de datos del Congreso– figura como “caducado”.

En el medio hubo otro intento para tratar de conseguir información sobre este tema, pero también fracasó. El 27 de agosto –nada más finalizar la cumbre del G7–, representantes de EH Bildu y ERC en la Diputación Permanente del Congreso plantearon citar a Grande-Marlaska en la comisión de Interior para que diera cuenta sobre los “controles policiales y militares realizados con motivo de la celebración” de dicho encuentro en Biarritz. La petición recibió 14 votos a favor y 55 en contra, por lo que no salió adelante.

Fuente: publico.es