Ezker Anitza IU Ezker Anitza IU
En la comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud celebrada esta mañana en Gasteiz, el parlamentario de Ezker Anitza-IU, Jon Hernández, ha afirmado que “el informe elaborado por el CES pone de manifiesto que la recuperación económica no ha llegado a la mayoría de la sociedad vasca y además está entrando en una nueva dinámica de estancamiento.” En este sentido, el parlamentario ha recordado que el crecimiento del PIB en el año 2017 es dos décimas menores que en el año 2016 de modo que “si la recuperación macroeconómica no ha aliviado la precarización vivida por la sociedad en los años de crisis, difícilmente lo hará si entramos en un periodo de estancamiento, al menos si las políticas siguen siendo las mismas”.
Hernández afirma que “es llamativo que el informe señala una serie de datos positivos macroeconómicos mientras del mismo se desprende una precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora, endureciéndose de manera especial las condiciones laborales”. De esta manera, Hernández ha señalado que en 2017 aumentó la temporalidad 2,7 puntos, pasando del 23,4% al 26,1%.” Esta temporalidad, además, ha recordado el parlamentario, “es notablemente más elevada en el sector público, alcanzando en el cuarto trimestre de 2017 el 34,6% frente al 24,2% en el sector privado”; una diferencia además que se mantiene desde hace más de una década, y que según el parlamentario “es responsabilidad directa del Gobierno Vasco y sus políticas públicas”.
Asimismo, Hernández ha recordado que “en Euskadi los contratos a tiempo parcial en 2017 representaron el 40,3% del total, y el 92,3% de total de contratos firmados fueron de carácter temporal”. Según Hernández, las altas tasas de temporalidad “afectaron especialmente a las mujeres, quienes también sufren una brecha salarial y se ven especialmente afectadas por el empleo a tiempo parcial no deseado”. El desempleo incidió en mayor medida en las mujeres y en el colectivo de personas mayores de 55 años. Hernández ha recordado que el propio CES asegura que estos aspectos “matizan los resultados favorables y merecen la atenta consideración de todos los agentes económicos y sociales de nuestra Comunidad”.
A estos datos Hernández ha añadido “el aumento considerable de la siniestralidad laboral, cuyos datos negativos se enmarcan además en un contexto donde el 20% de los trabajadores tienen el convenio colectivo decaído y el 56% lo tiene pendiente de renovar”. Para Ezker Anitza-IU “la situación es más que preocupante, y la prueba de que así se percibe también por la gente es la alta tasa de conflictividad laboral que tenemos en estos momentos”. A lo largo de 2017 se registraron en la CAPV un total de 208 huelgas, que han contado con 59.485 participantes, cifras que suponen un incremento interanual del 26,8% en el número de huelgas, mientras que las cifras de participantes crecen el 333,1%. “Crece el número de huelgas, lo mismo que su intensidad, y esto se debe precisamente a esa precarización evidente de las condiciones de vida y de trabajo de la gente” ha señalado Hernández.
En cuanto a la protección social, Hernández ha señalado que “estamos en una situación de especial preocupación puesto que el porcentaje de desempleados sin cobertura de desempleo es realmente alarmante en la CAV, siendo la comunidad con menor tasa de cobertura del desempleo de todas a excepción de Melilla. Las consecuencias de todo esto son evidentes según el parlamentario de Ezker Anitza-IU, “en la CAPV el riesgo de pobreza y exclusión afecta al 15,9% de la población o, lo que es lo mismo, a unas 350.000 personas, cuando la incidencia al comienzo de la crisis era del 13,9%”. Existe, por tanto, según Hernández “una realidad en nuestra comunidad de privación material severa que alcanza ya al 4,2% de la población; se trata de miles de personas que tienen unas condiciones de vida afectadas por la falta de recursos, tales como la capacidad de hacer frente a sus facturas, mantener la casa caliente etc…”.
Ezker Anitza-IU considera que del informe del CES se desprende que “la situación para la mayoría de la gente ha empeorado”, así se demuestra con el aumento del porcentaje de familias con retrasos en pagos de la vivienda (del 4,6 al 5,3%), el de aquellas que no pueden permitirse una semana de vacaciones al año (del 20,3 al 22,4%), y el de las que no pueden afrontar gastos imprevistos (del 18,5 al 19%).
Con todos estos datos aportados por el CES, el parlamentario de Ezker Anitza-IU considera que “las políticas públicas no están siendo las adecuadas para garantizar que la riqueza de Euskadi se distribuya de manera equitativa garantizando una vida digna a todo el mundo”. Por el contrario, “se evidencia que las políticas refuerzan la posición de quienes mejores condiciones de vida tienen a costa de quienes peor lo están pasando” ha concluido Hernández.