La coalición formada por Podemos, Ezker Anitza – IU y Equo acusa al PP de hacer un uso arbitrario de la ley y de aplicar un “155 municipal” en un contexto de intervenciones autoritarias
UdalBerri – Bilbao en Común pedirá en el pleno del mes de noviembre que Bilbao muestre su solidaridad con el Ayuntamiento de Madrid tras la decisión del Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, de intervenir sus cuentas. Además, en la proposición presentada por la coalición se insta al pleno a exigir al Gobierno Estatal la inmediata retirada de los controles financieros impuestos al Consistorio madrileño, por considerarlos un ataque injustificado a la Autonomía Local.
La prórroga de los PGE de 2017, debido a la nefasta gestión del Gobierno de Rajoy, perjudica particularmente a las CCAA y a los Ayuntamientos, dado que con el Partido Popular la mayor parte de los recortes han recaído sobre estas administraciones.
En ese contexto el Ministerio de Hacienda ha extendido su nefasta gestión con su injustificada intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, una intromisión que no tiene ningún sustento económico y, ni siquiera, jurídico. El Gobierno del PP se opone a mejorar Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid ha registrado importantes superávits y ha reducido ya un 40% la losa de la deuda que dejó el gobierno del PP, incrementando al mismo tiempo el esfuerzo inversor en un 102% y la inversión social en un 74%. Amaia Arenal, concejala de UdalBerri – Bilbao en Común, ha afirmado que lo único que busca esta intervención es evitar que casos exitosos de gestión fiscal alternativa, que están demostrando que se puede poner la economía al servicio de la mayoría social y no de los bancos, se conviertan en ejemplo a seguir por el resto de administraciones. “La misma Administración que ha incumplido todos los años la regla de gasto y que ha disparado la deuda, censura que Madrid dedique más de 400 millones de euros a mejorar la educación, a fomentar el empleo, a promocionar la vivienda, a programas de igualdad, a la inclusión social, a la atención de emergencia o a la vigilancia de la contaminación. Es inaceptable que se use de forma arbitraria la ley contra adversarios políticos”.