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Elkarrekin Podemos ha planteado una propuesta de reforma fiscal que permitiría incrementar la recaudación de las haciendas vascas en 1.750 millones de euros anuales. Para lograrlo, la coalición plantea elevar del 28 al 30% el impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas, reducir en un punto el que se aplica a las pymes y cooperativas, y crear un nuevo gravamen para las empresas y grandes fortunas que se trasladen a paraísos fiscales.
La propuesta ha sido dada a conocer este lunes en Vitoria por el parlamentario de Elkarrekin Podemos Julen Bollain, que ha estado acompañado, entre otros representantes en las Juntas Generales de los tres territorios, por el portavoz de Irabazi Araba, José Damián García-Moreno. Bollain ha subrayado la necesidad de adoptar medidas para que paguen más impuestos “quienes pueden hacerlo” y para “aflojar la presión” sobre los sectores que en la actualidad sufren una mayor presión fiscal.
La reforma fiscal planteada por Elkarrekin Podemos será presentada en próximas fechas en las Juntas Generales de cada Territorio Histórico. A diferencia de las modificaciones puntuales sobre las que trabajan el PNV y el PSE-EE, que gobiernan en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, Elkarrekin Podemos ha propuesto una “reforma integral” del modelo tributario.
Las modificaciones que plantea la coalición incluyen un incremento de dos puntos (del 28 al 30%) en el tipo general del Impuesto de Sociedades que grava a las empresas. Junto a esta medida, propone reducir en un punto el tipo que se aplica a pequeñas y medianas empresas (pymes), cooperativas y entidades de economía social.
A través de estas medidas, que “equipararían” la presión fiscal en este apartado a la de la Unión Europea, se lograría -en función de los cálculos de Elkarrekin Podemos– una recaudación adicional de 275 millones de euros.
“DESEQUILIBRIO”
Por otra parte, en el ámbito del IRPF, se plantea equiparar el tratamiento de las rentas de ahorro con el de las rentas de trabajo, con el objetivo de acabar con el “desequilibrio” existente en la actualidad.
También se propone elevar el mínimo exento actual de 12.000 a 14.000 euros para las rentas de trabajo, con el fin de “compensar el esfuerzo realizado por la gran mayoría social vasca durante la crisis”, así como crear nuevos tramos –sin elevar el tipo máximo– para las rentas más altas. Se estima que éstas y otras medidas que afectarían al IRPF tendrían un impacto positivo de 690 millones de euros en la recaudación.
En el caso del Impuesto de Patrimonio, el documento elaborado por esta formación la eliminación del denominado ‘escudo fiscal’, que fija un límite al efecto conjunto del IRPF y el Impuesto de Patrimonio.
Asimismo, se establece que la base liquidable se reduzca de 800.000 a 600.000 euros, suma que, según destaca Elkarrekin Podemos, “está al alcance de muy pocas personas”. Los cambios en el Impuesto de Patrimonio supondrían una incremento de 90 millones de euros en la recaudación.
‘EXIT TAX’
En el ámbito de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal se establece la creación de un ‘exit tax’, un impuesto que ya existe en resto del Estado español y en otros países, destinado a gravar el incremento del valor de las acciones y participaciones empresariales para compañías o grandes fortunas que trasladen su domicilio a paraísos fiscales.
Por otra parte, se plantea centrar los esfuerzos de la lucha contra el fraude en los colectivos “que se sabe que más defraudan”, entre los que Bollain ha citado a “las grandes empresas y los testaferros”.
Elkarrekin Podemos plantea que, al igual que se hace en Navarra, en Euskadi se publique una lista de defraudadores que incluya a las personas que adeudan más de 250.000 euros a la hacienda pública. En la actualidad, en el País Vasco se publica una lista que tan sólo incluye a los morosos con una deuda superior al millón de euros.
Las medidas de lucha contra el fraude planteadas en la reforma tendrían un impacto positivo de 500 millones de euros en la recau
dación, según las estimaciones de Elkarrekin Podemos.
Esta formación también pretende generalizar un recargo de dos puntos adicionales en la compra venta de inmuebles que no sean primeras residencias. Con el objetivo de “converger” con la media Europea, plantea aumentar seis euros adicionales el tipo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Para la tasa sobre el juego, propone incrementar en un diez por ciento la base liquidable.