López denuncia que la UE pretende “desregular las profesiones” en lugar de asegurar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha rechazado este miércoles la propuesta de Directiva de la Comisión Europea y del Consejo Europeo para aplicar un test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones. Desde su punto de vista, el proyecto despojaría a los Estados miembros de su competencia en la materia y presenta “serias dudas jurídicas”. López considera que el texto, tal y como está redactado, va “en contra de los principios de atribución, proporcionalidad y subsidiariedad”, y exige que los gobiernos mantengan su capacidad para regular sus mercados laborales atendiendo a “criterios de interés general”.

Lo que “está en juego”, ha explicado López durante la presentación del proyecto de opinión que ha elaborado en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) de la Eurocámara, es “el derecho de los Estados miembros a regular sus mercados laborales con criterios que sirvan al interés general como la garantía del servicio público, la calidad para los consumidores y la formación profesional para los trabajadores”.

La eurodiputada, que ha solicitado el apoyo de los miembros de EMPL para devolver a Comisión y Consejo el proyecto, ha ido desgranando los puntos clave que justifican ese rechazo. En primer lugar, porque “se desvía ampliamente el principio de proporcionalidad, al crear un control ex ante vinculante para cualquier nueva regulación profesional”. En este sentido, se ha mostrado especialmente crítica con “la introducción de un nuevo test” ya que “no aporta nuevos criterios para clarificar la relación entre la libertad de movimiento y servicios y la regulación de las profesiones”.

Más bien, lo que hace es arrebatar la competencia de los Estados. Y esto, según explica la propia López en el texto de su proyecto de opinión, plantea numerosos problemas jurídicos. En concreto, cree que la Comisión y el Consejo no pueden basar su propuesta en los artículos 46, 53 y 32 del TFUE, ya que no reconocen ningún tipo de competencias a la Comisión Europea y avisa de que la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales respalda este aspecto en el artículo 46 que establece que “no puede utilizarse para transferir de los Estados miembros a la Comisión Europea las competencias de cualificación profesional”.

Por otra parte, López ha señalado que la propuesta “plantea un problema que no debe tomarse a la ligera, ya que contradice el principio de subsidiariedad y las conquistas en esta materia”. La eurodiputada desarrolla esta idea en el texto de la opinión, porque atendiendo al artículo 5, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea, socavaría las competencias de los Estados miembros en el ámbito del reconocimiento de profesiones reguladas y la formación profesional “ya que exige a los Estados miembros que justifiquen la proporcionalidad ante la Comisión Europea antes de que puedan crear nuevas profesiones reguladas o modificar las ya existentes”. Dichas competencias están protegidas, por otro lado, por la Directiva 2005/36/CE.

López considera que estos no son los únicos puntos en los que la propuesta “se aleja radicalmente de los hasta ahora establecido por la norma europea”. Así, la eurodiputada avisa de que “otro de los puntos grises” de la normativa está en “la ausencia de protecciones específicas para las profesiones sanitarias” y otras “de interés general”, así como “la incoherencia con los procedimientos para evaluar la coherencia de la regulación ya existente”.

La eurodiputada de IU ha defendido que “existe un gran margen de mejora” en la “adecuación de las regulaciones profesionales a la realidad objetiva de los mercados de trabajo estatales”. Hay una “amplia documentación procedente de organismos europeos, patronales y sindicatos sobre las barreras que hay al reconocimiento de las cualificaciones o la provisión de determinados servicios en muchos Estados miembros”. Sin embargo, López cree que el test que se está proponiendo “no es un instrumento adecuado para solucionar” dichos problemas.