El Gobierno Vasco tiene responsabilidad en la posible pérdida de los puestos de trabajo en el grupo CEL.

El Gobierno Vasco tiene responsabilidad en la situación crítica por la que pasa este grupo empresarial y sobre todo sobre el futuro de las y los trabajadores del mismo. Además dispone de instrumentos de política económica e industrial suficientes para poder apoyar financieramente y con inversiones este tipo de proyectos industriales desde el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, así como también en los ámbitos de Trabajo y Empleo desde los Departamentos correspondientes.

El Grupo CEL Technologies & Systems, dedicada al sector del papel, que agrupa varios centros de trabajo en Araba y Bizkaia, y emplea a 254 trabajadores y trabajadoras, más el personal subcontratado llegando a 300 personas, se encuentra en una situación crítica. El Gobierno Vasco, poseía un 40% de las acciones a través de la sociedad Gestión de Capital Riesgo del País Vasco SGECR S.A. De esta manera, junto a la sociedad privada Indarkia que tenía otro 45%, controlaban la empresa.

El pasado 26 de mayo la dirección del Grupo comunicó a los comités de empresa que había solicitado en el juzgado un preconcurso de acreedores y solicitaba a la plantilla una bajada salarial de un 20%. Asimismo se comunicó que los accionistas mayoritarios habían salido del grupo, incluida la Sociedad Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, dependiente en última instancia del Gobierno Vasco.
Después de que el Gobierno Vasco se haya deshecho de las acciones de la empresa, la continuidad de dicho grupo industrial está en cuestión y más de 300 personas trabajadoras podrían perder sus puestos de trabajo.

El pasado 7 de Junio se ha detenido parte de la producción como consecuencia del corte del suministro eléctrico debido a la decisión de la Dirección de dejar de pagar desde enero las facturas de la luz. La salida del accionariado por parte del Gobierno Vasco se ha hecho vulnerando todos los derechos de información sindical puesto que en ningún momento se ha informado a la parte social de manera previa a la decisión tomada por el Gobierno Vasco, ni sus motivos.

El Gobierno Vasco ha puesto en una difícil situación un proyecto industrial que es rentable, puesto que el resultado consolidado del Grupo de empresas arroja un resultado positivo en los años 2014, 2016, y en el primer trimestre del año 2017. Creciendo de manera importante en facturación, pasando de 47,5 millones de euros de ventas a 65 millones previstos en el 2017. En el primer trimestre del año la facturación ha sido de casi 17 millones de euros.

Abocar a una empresa a concurso de acreedores en estas condiciones es abocar, innecesariamente al desempleo a toda la plantilla directa e indirecta, 300 personas y familias, además de a toda aquella actividad económica y empleo indirecto de proveedores, empresas relacionadas, o empleo inducido por los salarios perdidos. Esta situación es muy grave en general y mucho más en aquellas comarcas cómo Enkarterri donde el cierre de empresas y el nivel de desempleo industrial es galopante.

Mientras el Gobierno Vasco realiza propaganda con planes estratégicos industriales, apoyo a clústers y objetivos de recuperar el empleo industrial, con una actuación contraria a lo que suele vender, está a punto de provocar que al menos 300 familias vayan al desempleo en un grupo de empresas rentable económicamente.

Este proceso de crisis empresarial ha sido provocado por las decisiones de la dirección del grupo en la que sin duda tenía capacidad de acción el Gobierno Vasco. La actuación del GV en este grupo empresarial es una anti-política industrial, de empleo, de relaciones laborales equilibradas y en definitiva de todo lo contrario de lo que se debería de hacer.

El GV deja en la estacada a 300 trabajadores y trabajadoras dejando caer una empresa rentable, en la que se ha invertido dinero público que tampoco se recupera. Y lo hace además vulnerando los derechos de los y las trabajadoras.

Jon Hernández

Parlamentario Vasco de Ezker Anitza-IU