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Martin ha informado que Irabazi Donostia ha presentado una iniciativa para su debate en el pleno de este jueves día 20 instando al gobierno a establecer una oficina de la memoria local en un edificio público céntrico al objeto de facilitar la accesibilidad de las personas que acudan a dar testimonio sobre la represión franquista entre 1936 y 1975.
Martin ha recordado que el pasado mes el gobierno municipal informó que había dado una ayuda a la Sociedad de Ciencias Aranzadi para el estudio que ésta iba a llevar a cabo sobre vulneraciones de Derechos Humanos en Donostia entre 1936 y 1945. “Desde Irabazi Donostia solicitamos al gobierno municipal un estudio íntegro del franquismo, que no se acote su estudio a los primeros años de guerra y dictadura”.
Martin ha indicado que “el tiempo juega en nuestra contra, es urgente recoger testimonios de víctimas y familiares por razones puramente biológicas”. Cada vez son menos los supervivientes de las atrocidades cometidas entre 1936 y 1975 que pueden atestiguar padecimientos sufridos en primera persona o por terceros. La portavoz de Irabazi Donostia ha señalado que para evitar que esas memorias se extingan con la muerte de sus protagonistas y conocedores, “es preciso ampliar la investigación hasta el año 1975 y compilar todos aquellos relatos del terror franquista que permanecen aún sin aflorar”.
La sociedad de ciencias Aranzadi va a poner una oficina en las instalaciones que tienen en Zorroaga. Sin embargo, desde Irabazi Donostia solicitan al gobierno municipal que ponga los medios para facilitar a la ciudadanía dar testimonio a las víctimas de la dictadura franquista en un lugar céntrico, abriendo una oficina en un edificio municipal céntrico.
Martin ha insistido en que “el ayuntamiento de Donostia debe ejercer un papel protagonista en la gestión de los testimonios recabados al objeto de dar cumplimiento del Acuerdo adoptado por el Pleno en 2012, donde tras condenar “las sublevaciones militares contra los gobiernos legítimamente constituidos como fue el caso de julio de 1936 cuando el General Franco de forma ilegítima inició una guerra contra el Gobierno de la República”; termina comprometiéndose en “adoptar medidas necesarias para garantizar el derecho a la verdad, el derecho a la justicia efectiva, el derecho a una reparación digna y no discriminatoria”.
Martin ha concluido recordando que “condenamos la sublevación militar del 18 de julio que sumió a la ciudadanía, no sólo donostiarra sino de todo el Estado, a 40 años de muerte y persecución por defender la legitimidad democrática del gobierno de la Segunda República e instamos a dar los pasos necesarios para acabar con la impunidad franquista”.