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El pacto para el raquítico aumento del SMI un 8% anunciado por el gobierno de Rajoy con el acuerdo del PSOE ha caído como un jarro de agua fría en importantes sectores de la población, porque supone la primera claudicación de la socialdemocracia y el primer exponente del acuerdo de gran coalición en Madrid, epicentro de la política estatal. Sin embargo, los ecos del acuerdo han llegado hasta Euskadi con una serie de modificaciones en algunas de nuestras normas, y particularmente importante en la relativa a la RGI.
La subida ha corrido como la pólvora para encender la polémica, especialmente tras el anuncio por parte del Gobierno Vasco de que pese a que la Ley de Garantía de Ingresos recoge en su artículo 20.C que la RGI «se definirá como porcentajes del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de la solicitud y serán los siguientes: 88% del SMI para las unidades de convivencia unipersonales, 113% del […] para las unidades de convivencia de dos personas y 125% […] para las unidades de convivencia de tres o más personas.»
Tan sólo se anuncia una subida de un escaso 1,5%, lo que por ende supone un recorte importante para las y los perceptores de la misma, ya que mientras el conjunto de salarios mínimos subirán un 8%, sus ingresos sólo lo harán un punto y medio.
La Renta de Garantía de Ingresos no es una renta básica universal, es una ayuda para personas mayores de 23 años que no tienen ingresos, que llevan al menos 3 años empadronadas en un municipio vasco y vinculada a la búsqueda de un empleo, la participación en programas de formación, etc…una serie de requisitos, provenientes de la última reforma emprendida por el ejecutivo de Patxi López, que redujo la ayuda un 7% y que además endureció los criterios para el acceso a la misma con el apoyo del PP. Entonces ya era el PP quién ponía su objetivo sobre la RGI y el PSE quien ejecutaba el recorte.
Estos días, y tras 3 años de campaña constante por parte de Javier Maroto y el PP vasco contra la RGI, sus condiciones de acceso y lo que ello representa, argumentando fraudes (en un sistema que paradójicamente pactaron con el PSE) y agitando otros fantasmas de tinte xenófobo, son el PSE y el PNV quienes hacen el recado: El PP apunta una vez más y el Gobierno Urkullu recorta, dañando un poco más una ayuda imprescindible para muchas familias vascas que hoy, son un poco más pobres.
Más pobres, porque la RGI ha tenido y tiene cantidad de agujeros y deja a bastantes personas sin cobertura alguna. Muchas de esas personas, por su origen, su situación personal, no haber podido emanciparse o por situarse en la franja entre los 18 y los 23 años mínimos que exige la ley han quedado fuera del acceso a la ayuda. El PNV y el PSE lo saben.
Por eso en Bizkaia la Diputación Foral ofrece Ayudas a la Inclusión Social para mayores de 18 años que reúnan el requisito de llevar más de un año empadronadas fuera del hogar familiar o que lleven empadronadas 30 meses en el territorio Histórico y que carezcan de ingresos.
Esta prestación social consiste en una ayuda, equivalente en todo caso al 50% de la RGI, en torno a 332,95 euros mensuales para una unidad de convivencia de un sólo miembro. Es decir, una ayuda insuficiente por debajo del umbral general de pobreza en Euskadi, (situado en 401,94€ según EUSTAT) precaria y ridícula, que no hace sino condenar a la miseria a las personas jóvenes en situación de exclusión social, que no pueden acceder a otras ayudas y de las que nuestro territorio cuenta con más de un millar de perceptores.
Son casi 1.200 personas en los últimos 3 años que no tienen más que el ingreso foral para subsistir, siendo además ésta una prestación sujeta a presupuesto y por consiguiente no subjetiva, esto es, que puede dejar a gente que cumple los requisitos sin su percepción.
Mientras tanto, nos comunican que el sobrecosto de la construcción de los túneles de Autzagane ha superado los 5 millones de euros o que la Diputación tendrá que poner dinero para pagar la multa de 1,5 millones impuesta por la recalificación ilegal de unos terrenos en Muriola, Barrika, duplicando de esta forma lo gastado en financiar chapuzas lo destinado a la ayuda de inserción social. Con esa cantidad, se habría podido equiparar la ayuda vizcaína con la RGI vasca, o hacerla ampliable a otros sectores de la población.
Pues bien, esta ayuda de la Diputación Foral de Bizkaia, al estar vinculada a la cantidad de la RGI no sólo seguirá siendo claramente insuficiente, sino que no aumentará, a la luz de las circunstancias.
Por si todo esto fuera poco, Javier Ruiz, portavoz del PP en Juntas Generales de Bizkaia ya ha anunciado que interpelará a la responsable del departamento de Empleo para preguntar por la poca empleabilidad de las personas perceptoras de la ayuda y pedirá responsabilidades y exigirá el endurecimiento de las condiciones de acceso a las mismas. Exactamente como hizo Antonio Basagoiti con Gemma Zabaleta en 2011 o Maroto con Urkullu en 2014. ¿Nos suena? Quizás demasiado. El PP de Bizkaia señala ya a las ayudas de inserción social. ¿Actuarán contra ella en esta ocasión también PNV-PSE?
Xabier Jimenez
Coordinador de Ezker Anitza-IU Bizkaia