Ezker Anitza IU Ezker Anitza IU
Elkarrekin podemos ha solicitado hoy en el Parlamento Vasco los informes jurídicos emitidos para la decisión sobre la subida de la RGI en base al IPC y no en base al aumento del 8% del SMI. Según palabras de la propia consejera, estos informes afirman que no hay traslado directo a la RGI del aumento del SMI. La coalición critica que estos informes no hayan sido presentados para debate en la cámara, siendo esta quien tiene la potestad legislativa para modificar la norma, ya que a juicio de Elkarrekin Podemos, existen dudas sobre la idoneidad jurídica de aplicación de esta medida.
Desde el punto de vista de la coalición, la Ley de Garantía de Ingresos es clara en su artículo 20, vinculando la fijación de la cuantía al Salario Mínimo Interprofesional. En declaraciones de la parlamentaria Tinixara Guanche: “Nos parece mezquina la preocupación del ejecutivo por ahorrar presupuesto solamente en aquellas cuestiones que afectan a una parte precarizada de la ciudadanía y, hacerlo además, escudándose en una normativa estatal y en una argumentación que entiende que en la CAPV hay ciudadanía de primera y de segunda clase”.
La formación también se muestra muy crítica con las declaraciones vertidas por diferentes miembros del ejecutivo en relación a la desincentivación del empleo. Tal y como declara Guanche: “consideramos que el discurso utilizado por el PNV de que subida de la cuantía mensual de la RGI desincentiva el empleo es claramente manipulador: Lo que desincentiva la búsqueda o el acceso al empleo de las personas perceptoras de la RGI a día de hoy, no es el monto de la cuantía, sino la mala gestión que hace Lanbide de la prestación”.
En este sentido, el Parlamento Vasco acordó el pasado 15 de diciembre hacer un debate para mejorar la prestación y Elkarrekin Podemos considera que cualquier modificación de la normativa de garantía de ingresos ha de pasar por ese debate tal y como se acordó. “Es una mala praxis del Ejecutivo modificar, por la vía de la práctica, una cuestión que afecta a más de 64.000 unidades de convivencia, sin diálogo ni procedimiento”, afirma Guanche.