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La diputada de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, Isabel Salud, se ha reunido este miércoles en dependencias parlamentarias con representantes de CC.OO-ONCE. Estos/as portavoces han trasladado a la parlamentaria una completa información sobre el “grave problema” que para los/as vendedores/as del cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles supone el llamado Canal Físico Complementario (CFC). Entre los datos aportados, los representantes sindicales han señalado que el CFC supone la ampliación paulatina de la venta del cupón a una red externa de gasolineras, quioscos de prensa y estancos, además de oficinas de Correos, con un incremento estimado por el momento de más de 2.300 puntos de venta.
Además, recientemente se ha ampliado la venta del cupón y demás productos en las cadenas de supermercados COVIRAN y Simple, con sedes en Granada y Zaragoza respectivamente, con miles de puntos nuevos de venta 13 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Euskadi, Madrid, Cataluña, Aragón, Extremadura, Valencia o Cantabria. Isabel Salud les ha mostrado en nombre de su grupo parlamentario el “gran interés en conocer en profundidad este tema y las consecuencias negativas directas que ya está teniendo sobre el empleo, que puede agravarse aún más a corto y medio plazo” y que afecta a un colectivo cercano a las 20.000 personas, vendedoras y vendedores, todos y todas personas con discapacidad.
Desde CC.OO-ONCE consideran que el objetivo principal de los máximos responsables de la OrganizaciónNacional de Ciegos, además de incrementar las ventas a partir del crecimiento del número de establecimientos del CFC, que los representantes sindicales tachan sin rodeos de ‘competencia desleal’, es la rebaja de costes, especialmente los salariales. El mencionado sindicato concreta también su denuncia en la ‘política de presión’ que ejercen los directivos de la ONCE hacia sus vendedores/as, a quienes se les llega a responsabilizar de ‘baja rentabilidad’, lo que puede derivar en la apertura de expedientes disciplinarios al no alcanzar los objetivos de venta previstos y hasta en el despido directo. Esta ‘competencia desleal’ se traduce también en la no contratación o en la subcontratación de personas afiliadas en unas condiciones lamentables, con contratos que sólo llegan a las 24 ó 25 horas totales y salarios de entre 419,83 y 437,33 euros, respectivamente, que dificultan que estas personas puedan llevar una vida digna.
Isabel Salud coincidió con sus interlocutores en compartir su “gran preocupación” por el hecho de que este tipo de actuaciones conlleven “la falta de creación de nuevos puestos de trabajo para el personal discapacitado, además de impedir a la ONCE cumplir con su principal objetivo, que debe seguir siendo la integración social de las personas con discapacidad visual y la posibilidad de que puedan vivir de forma independiente”.