Ezker Anitza IU Ezker Anitza IU
Ezker Anitza-IU una vez que el Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno de Rajoy, decide suspender cautelarmente tanto la Ley de Consultas, aprobada por el Parlamento de Catalunya, como el Decreto de convocatoria de la consulta sobre el futuro político de Catalunya para el 9 de noviembre presentará mociones en los ayuntamientos vascos para mostrar su desacuerdo con esa suspensión.
La moción de la formación de izquierdas “defiende la libertad de los pueblos y las personas para decidir su futuro de forma democrática, tal y como ha sucedido recientemente en Escocia”. En este orden, “considera que el futuro no se puede construir sobre imposiciones, sino que se ha de construir sobre principios profundamente democráticos y sobre la libre voluntad expresada por los pueblos y las personas, para decidir todos los aspectos que les afectan, ya se trate de la relación de una comunidad con el Estado, o de la propia definición del Estado entre monarquía y república, u otras cuestiones económicas, sociales o ambientales”.
La moción “muestra su absoluta disconformidad con el recurso interpuesto por el Gobierno de España y la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, toda vez que va en contra del derecho a decidir libremente su futuro del pueblo catalán”.
Además “solicita al Tribunal Constitucional que adopte la decisión de levantar la suspensión cautelar de ambos textos normativos, y así posibilitar que los catalanes puedan expresarse libremente el 9 de noviembre de 2014”.
Una moción similar ya ha sido aprobada en el Pleno Municipal de Errentería, con el voto favorable del grupo de Ezker Anitza-IU.
(Se adjunta moción)
____________________________________________________________________________________________________
MOCIÓN RELATIVA A LA SUSPENSIÓN DECRETADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA CONSULTA EN CATALUÑA
El 19 de septiembre de 2014, el Parlament de Cataluña aprobó con 106 votos a favor y 28 en contra, la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de Consultas Populares no Refendarias y Otras Formas de Participación Ciudadana, publicada el 27 de septiembre de 2014 en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.
Así mismo, mediante Anexo al Diario Oficial del citado día, se publicó el Decreto 129/2014, de 27 de Septiembre del Presidente de la Generalitat de Cataluña, así como sus anexos, de convocatoria de la consulta no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña.
El 29 de septiembre de 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy decide interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, solicitando la suspensión cautelar tanto de la Ley, como del Decreto aprobados.
El mismo día 29 de septiembre, el Tribunal Constitucional decide suspender cautelarmente ambos textos normativos.
Expuesto cuanto antecede, el Pleno del Ayuntamiento de adopta el siguiente,
ACUERDO
1.- El Ayuntamiento de defiende la libertad de los pueblos y las personas para decidir su futuro de forma democrática, tal y como ha sucedido recientemente en Escocia. En este orden, el Ayuntamiento de considera que el futuro no se puede construir sobre imposiciones, sino que se ha de construir sobre principios profundamente democráticos y sobre la libre voluntad expresada por los pueblos y las personas, para decidir todos los aspectos que les afectan, ya se trate de la relación de una comunidad con el Estado, o de la propia definición del Estado entre monarquía y república, u otras cuestiones económicas, sociales o ambientales.
2.- El Ayuntamiento de muestra su absoluta disconformidad con el recurso interpuesto por el Gobierno de España y la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, toda vez que va en contra del derecho a decidir libremente su futuro del pueblo catalán.
3.- El Ayuntamiento de solicita al Tribunal Constitucional que adopte la decisión de levantar la suspensión cautelar de ambos textos normativos, y así posibilitar que los catalanes puedan expresarse libremente el 9 de noviembre de 2014.
4.- El Ayuntamiento de decide remitir el presente acuerdo al Gobierno de España, al Tribunal Constitucional y a la Generalitat de Cataluña.