Ezker Anitza IU Ezker Anitza IU
El Pleno municipal de Zarautz acordó el pasado mes de julio su adhesión y apoyo a la querella contra los crímenes de la dictadura franquista presentada en Argentina por varias organizaciones políticas y asociaciones de víctimas del franquismo, entre las que se encuentra Ezker Anitza-Izquierda Unida.
Como consecuencia de esta querella, la jueza argentina que instruye la causa, María Servini de Cubría, decretó ayer, 18 de septiembre, una orden internacional de detención preventiva para su extradición contra cuatro ex policías y guardias civiles acusados de torturas durante la dictadura. Entre ellos se encuentra Jesús Muñecas Aguilar, en su momento capitán de la guardia civil destinado en el cuartel de Zarautz, el actual edificio de Etxezabala.
Jesús Muñecas Aguilar de 74 años ingresó en la Guardia Civil en 1961. Todavía se recuerdan en Zarautz sus paseos a caballo por el pueblo, como si fuera el capataz de una plantación. Precisamente en la actualidad es dueño del Centro Hípico Valdemoro, donde en 1994 homenajeó, junto con otros guardias, a Antonio Tejero. También estuvo implicado en el golpe de estado del 23 de febrero de 1981 y fue condenado a 5 años por rebelión militar.
En el testimonio para la querella presentado por Jon Arrizabalaga, hermano de Andoni Arrizabalaga Basterretxea se detalla como Andoni relató que las torturas más crueles que sufrió en su paso por los cuarteles y cárceles del franquismo las recibió durante los 8 días que paso en agosto de 1968 en el cuartel de la guardia civil de Zarautz. Según su testimonio fue machado en el suelo a golpes y porrazos, se le aplico la bañera, le desgarraron los labios y le arrancaron las uñas. El propio capitán Muñecas les dijo a su padre y a su hermano después de mostrarles el lamentable estado en el que había quedado Andoni, “Esto es lo que ocurre cuando no quieren colaborar”
Esta es la primera actuación judicial contra un crimen de la dictadura franquista, que después de 40 años ha tenido que ser dictada por una jueza argentina debido a la ley de punto final de 1977 y a la complicidad pasividad del sistema judicial español. Esperamos que sea el primer paso para lograr una condena judicial e institucional de las prácticas de la dictadura, y la verdad y justicia para sus victimas.